La Mercedeña Adriana Vidal Domínguez reclamó a la Justicia definir el destino de 183 vacunos secuestrados

La diputada provincial Adriana Vidal Domínguez solicitó que la Justicia avance con rapidez en la disposición de 183 animales secuestrados en una causa por abigeato. Advierten que la demora judicial ya generó pérdidas de ganado y costos que hoy afrontan productores de la zona.

En la Cámara de Diputados de la provincia se presentó un pedido formal para que el Superior Tribunal de Justicia intervenga y resuelva con urgencia la situación de 183 animales secuestrados en una investigación por abigeato que tuvo lugar en la zona de La Cruz y Alvear, en la costa del río Uruguay.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Adriana Vidal Domínguez, quien solicitó que se aplique la Ley Nº 5.893, normativa que permite definir el destino de bienes secuestrados en causas judiciales.

El planteo surge a raíz de la situación que atraviesa el rodeo incautado, que originalmente formaba parte de un conjunto mayor de 285 cabezas de ganado decomisadas durante un operativo rural vinculado a una de las investigaciones por abigeato más resonantes de la región.

Problema sanitario y operativo

Actualmente los animales permanecen bajo custodia en las instalaciones de la Sociedad Rural de La Cruz, lugar que fue asignado de manera provisoria tras el procedimiento policial.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la falta de definiciones judiciales, el lugar comenzó a enfrentar serias dificultades para sostener la permanencia del ganado.

Desde el ámbito legislativo señalaron que el predio no cuenta con la infraestructura ni el espacio necesario para albergar un rodeo de estas características durante tanto tiempo, lo que derivó en complicaciones sanitarias y costos operativos importantes.

Según explicó la legisladora, mantener a los animales en corrales por períodos prolongados no solo genera gastos elevados, sino que además implica una responsabilidad que hoy recae en productores de la zona.

Ya murieron animales

La situación se agravó en los últimos días tras confirmarse la muerte de al menos 14 cabezas de ganado, entre vacas y terneros, debido a las dificultades para garantizar alimentación adecuada y las condiciones propias del encierre.

Ante este panorama, productores locales debieron colaborar con forraje y cuidados del rodeo, una tarea que, según indicaron, debería estar a cargo del sistema judicial mientras dure el proceso.

Proponen remate o destino social

Frente al riesgo de que continúe la mortandad del ganado, el proyecto presentado propone dos posibles alternativas para resolver la situación.

Por un lado, se plantea realizar un remate judicial para que los animales puedan volver al circuito productivo legal.

Por otro, también se analiza la posibilidad de destinar la carne a instituciones públicas, como comedores escolares, hospitales o unidades penitenciarias, con fines sociales.

De esta manera, se evitarían nuevas pérdidas económicas y se permitiría además liberar las instalaciones de la Sociedad Rural de La Cruz, que actualmente no puede utilizar sus corrales para las actividades habituales del sector productivo.