Opinión UCR Mercedes: Decisiones que no se borran, cuando votar mal tiene consecuencias

La suspensión judicial del concejal Roberto Carlos “Caly” Sánchez no solo abrió un debate político en Mercedes. Abrió, sobre todo, un escenario de posibles responsabilidades legales concretas para quienes, con su voto, decidieron avanzar en la incorporación de un concejal suplente sin que exista una destitución ni una vacancia legalmente constituida.

No se trata de una diferencia de criterios ni de una discusión menor. Se trata de interpretar la ley y asumir las consecuencias de hacerlo incorrectamente. En materia institucional, los votos no son simbólicos: son actos administrativos y políticos con efectos jurídicos directos. Y cuando esos actos se adoptan pese a advertencias, cuestionamientos públicos y objeciones legales, la responsabilidad deja de ser genérica para volverse personal.

Forzar la integración del Concejo Deliberante bajo una figura jurídicamente endeble no solo pone en duda la validez de cada ordenanza, resolución o decisión que se adopte desde ese momento. Expone individualmente a los concejales que votaron a favor a eventuales acciones judiciales, administrativas y patrimoniales, si la Justicia determina que se actuó fuera del marco legal vigente.

Desde la UCR Mercedes se advierte que, de confirmarse la ilegalidad del procedimiento, no habrá margen para excusas políticas ni amparos en mayorías circunstanciales. Cada concejal deberá responder por su voto, por los efectos que produjo y por el daño institucional y económico que esa decisión pudo haber generado.

A esto se suma un aspecto que no puede minimizarse: el uso de fondos públicos. Autorizar el pago de un salario sin que exista una vacante real implica comprometer recursos del Estado. Si ese gasto resulta indebido, las consecuencias no recaerán en abstracto sobre el Concejo, sino sobre quienes avalaron la decisión con su voto.

La política suele creer que el tiempo diluye los errores. La Justicia no funciona así. Los expedientes quedan, los votos quedan y las firmas quedan. Y cuando se trata de actos institucionales, la responsabilidad también queda.

En democracia, votar es un derecho. Votar sin sustento legal es una decisión riesgosa. Y cuando ese riesgo se asume conscientemente, las consecuencias dejan de ser políticas para convertirse en legales.