Mercedes: graves acusaciones en la apertura legislativa y expectativa judicial
En la apertura del período legislativo 2026, el intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, lanzó una de las denuncias más duras desde el inicio de su mandato al exponer lo que calificó como un “municipio devastado” tras la gestión de Juana Gauto.
El jefe comunal aseguró que la deuda total asciende a 1.500 millones de pesos, cifra que duplica ampliamente los 700 millones que la administración saliente había informado públicamente al cerrar su mandato.
Pero lo más delicado no fue solo el monto, sino el detalle de las presuntas irregularidades detectadas en la Secretaría de Hacienda.
Retenciones millonarias no depositadas
Cemborain denunció retenciones que no habrían sido giradas a sus destinatarios:
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ARCA: $135 millones retenidos y no depositados.
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Rentas: $85 millones.
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ART: $57 millones.
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UTN–UNCAUS: $180 millones (alumnos abonaban el 50% y no se enviaba a las facultades).
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Fondos retenidos a Bomberos desde marzo de 2025.
A esto se suman más de $470 millones a proveedores y un anticipo provincial de $500 millones, además de servicios impagos y alquileres con valores considerados inflados.
El intendente también describió un parque automotor “saqueado”, con maquinaria desmantelada, vehículos fuera de servicio y facturaciones millonarias en talleres que —según sostuvo— no se reflejan en el estado real de los equipos.
¿Habrá denuncia judicial?
El punto más sensible ahora es político e institucional:
tras exponer públicamente estos hechos en un acto oficial, queda por verse si el intendente formalizará una denuncia ante la Justicia.
Si los montos y las retenciones mencionadas se confirman como irregulares, la Justicia podría incluso actuar de oficio, al tratarse de fondos retenidos a terceros y organismos.
El propio Cemborain no confirmó aún una presentación judicial, pero el tenor de sus declaraciones deja abierta la posibilidad de que en los próximos días el caso avance a los tribunales.
Mientras tanto, el jefe comunal cerró su discurso detallando un ambicioso plan de obras, recuperación de servicios y beneficios para empleados municipales, intentando marcar el contraste entre lo que —según afirmó— “recibieron” y lo que proyectan para 2026.
Ahora, la expectativa está puesta en el próximo paso: ¿habrá denuncia formal o intervendrá la Justicia por iniciativa propia?










