Mercedes: condenaron a una docente que exigía dinero a alumnas para aprobarlas

La Justicia homologó un acuerdo de juicio abreviado y estableció una pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación para ejercer el cargo y una multa de $360.000. La causa acreditó dos hechos en los que se solicitaron pagos a estudiantes a cambio de aprobar materias.

La Justicia de Mercedes dictó sentencia contra una docente acusada de solicitar dinero a alumnas a cambio de garantizarles la aprobación de materias.

La resolución fue adoptada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y condenó a la imputada por los delitos de abuso de autoridad y concusión en concurso ideal, reiterados en concurso real.

La mujer recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento en suspenso, además de tres años de inhabilitación para ejercer el cargo que detenta y una multa de $360.000, equivalente al doble del monto de la exacción considerado en la causa.

La sentencia corresponde al Legajo Judicial 23226/26. La audiencia se desarrolló el 5 de agosto en la Oficina Judicial de Mercedes, mientras que los fundamentos de la Resolución Nº 85/26 fueron suscriptos el 7 de agosto.

Participaron la jueza Benasayag, el fiscal Adrián Aurelio Casarrubia y la acusada, quien estuvo asistida por el defensor oficial Edgardo Gustavo Grinberg.

Dos situaciones investigadas

Uno de los episodios acreditados judicialmente ocurrió entre junio y los primeros días de julio de 2025, cuando la acusada se desempeñaba como profesora interina del turno noche de la Escuela Nº 563 Domingo Faustino Sarmiento, de Colonia Carlos Pellegrini.

Según determinó la Justicia, la docente ofreció a una estudiante aprobarle las materias aunque no asistiera a clases a cambio del pago de $100.000.

La alumna habría entregado inicialmente $30.000 y posteriormente recibió reclamos para completar la suma. La investigación incorporó además un mensaje enviado por WhatsApp el 28 de julio de 2025, mediante el cual se le reclamaba completar el pago bajo la advertencia de que, de no hacerlo, no aprobaría el módulo.

La segunda situación tuvo como protagonista a otra estudiante. En este caso, la Justicia consideró probado que se le solicitaron $150.000 bajo la condición de que, si no entregaba el dinero, no aprobaría la materia.

Dentro de la investigación se constató una transferencia realizada mediante Mercado Pago el 25 de abril de 2025.

Para reconstruir ambos episodios se analizaron denuncias, testimonios, audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, documentación de la institución educativa, un informe elaborado por una trabajadora social y el expediente administrativo iniciado por el Ministerio de Educación.

La decisión de la Justicia

Al analizar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, la jueza sostuvo que la condena no podía basarse solamente en el reconocimiento efectuado por la imputada, sino que los hechos debían encontrarse respaldados por pruebas independientes.

Luego de evaluar los elementos reunidos durante la investigación, la magistrada consideró suficientemente acreditados tanto los episodios denunciados como la responsabilidad de la acusada.

También avaló la calificación legal impulsada por el Ministerio Público Fiscal y aceptada por la defensa.

Reglas de conducta e inhabilitación

Durante los próximos tres años, la condenada deberá cumplir diferentes pautas establecidas judicialmente.

Entre ellas deberá mantener informados su domicilio y número de contacto, no cometer nuevos delitos y presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial para controlar el cumplimiento de las medidas.

También deberá abstenerse de realizar actos de perturbación, intimidación, violencia u hostigamiento contra las personas contempladas en la sentencia y respetar una restricción de acercamiento de 100 metros.

Asimismo, se estableció que no podrá ejercer su función docente en Colonia Carlos Pellegrini durante el período fijado.

Deberá pagar $480.000 como reparación

Además de la condena penal y la multa, se acordó una reparación económica total de $480.000 por los daños ocasionados.

La suma será distribuida en partes iguales, correspondiendo $240.000 a cada una de las dos personas beneficiarias, mediante doce cuotas mensuales de $20.000 para cada una.

La jueza consideró que la reparación no debía contemplar únicamente el dinero entregado, sino también las consecuencias extrapatrimoniales derivadas de los hechos.

Una vez que la sentencia quede firme, se conformará el correspondiente legajo de ejecución y se efectuarán las comunicaciones a la Policía de Corrientes, al Registro Nacional de Reincidencia y a los demás organismos que correspondan.